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Esta semana se celebró el evento AbreLatam 2017, donde participantes de toda América se reunieron en Costa Rica para compartir experiencias sobre políticas de datos abiertos. La importancia del acceso a la información es multifacética; desde mi perspectiva, la habilidad de acceder a datos que permitan a la ciudadanía tomar decisiones informadas marca un hito crucial en el desarrollo social.

Me gustaría dedicar unas líneas a discutir el marco regulatorio de acceso a la información en Costa Rica, compuesto por el Decreto Ejecutivo N° 40199-MP y la Directriz 073-2017, ambos establecidos en 2017.

¿Es necesaria una nueva ley?

Definitivamente sí. Se requiere una legislación que reemplace normativas obsoletas y promueva la interoperabilidad jurídica en los distintos sectores de la administración pública.

Sin embargo, su discusión en el Congreso puede ser un proceso largo y arduo. Dada la diversidad y fragmentación del Congreso costarricense, y su limitada capacidad para alcanzar consensos, es complicado impulsar legislación en áreas como la transparencia presupuestaria o la lucha contra la corrupción, que a menudo no son vistas como prioritarias por los tomadores de decisiones.

Cabe reconocer que la Administración Solís-Rivera ha dado cierta atención al tema mediante el decreto y la directriz mencionados. No obstante, estos esfuerzos son insuficientes para desarrollar una estrategia que facilite la interoperabilidad entre las distintas entidades involucradas en satisfacer las necesidades informativas de los ciudadanos.

Por ejemplo, el acceso a información para investigación aún necesita mejorar. Se carece de estandarización y de conjuntos de datos comparables entre instituciones. El desafío es grande: el Estado costarricense consta de más de 350 entidades administrativas, cada una con diferente nivel de avance tecnológico, capacitación de personal, planificación y presupuesto independientes, y una visión limitada por el Principio de Legalidad. La tarea es monumental.

Mi opinión

En mi opinión, la solución radica en una estrategia a nivel local. Los ciudadanos no solo deben tener acceso a la información, sino que también deben participar activamente en la apertura de datos, en el acceso a la información y en la lucha contra la corrupción.

Permanecer en un paradigma institucional en lugar de uno territorial podría significar un gran retroceso, ya que ignoraríamos aspectos fundamentales de la realidad.

Les proporciono los enlaces a la legislación y al sitio oficial de Gobierno Abierto para más información:

Descargue la Directriz

Descargue el Decreto

Portal de Gobierno Abierto