fbpx

Costa Rica ha concluido recientemente su primera experiencia en democracia directa con un resultado estrecho, generando preocupación y revelando vacíos legales significativos en la ley reguladora. Este proceso ha sido marcado por varios incidentes en la ruta hacia el referéndum del 7 de octubre.

En los últimos meses, se ha fomentado el diálogo, una necesidad imperiosa para el país. Sin embargo, este diálogo no ha sido constructivo en su totalidad. En mesas redondas, foros y debates, a menudo se ha perdido la veracidad y transparencia demandada por los ciudadanos.

Ambos bandos, los del «Sí» y los del «No» al CAFTA, desviaron la conversación hacia la demagogia, mezclándola con intereses electorales. Las falsedades difundidas por ambos lados solo lograron confundir a la ciudadanía, creando una percepción errónea de que se estaba aprobando algo radicalmente distinto a la realidad.

Mientras el bando del «Sí» utilizó sus recursos económicos para una campaña de marketing que resultó ser superficial, el movimiento del «No» trabajó con esfuerzos más modestos, sostenidos por su propia motivación y algunos aportes económicos. A pesar de la presencia de políticos oportunistas, es importante reconocer que regular estos aspectos es complejo y quizás utópico.

El resultado del referéndum, aunque estrecho, muestra un país no completamente polarizado, pues para muchos ciudadanos la vida sigue su curso normal. Sin embargo, es preocupante que un 40% de la población parezca desinteresada en el rumbo de su país.

Ahora es crucial reconocer este resultado y fomentar el diálogo entre los diversos sectores y el gobierno. No se puede dejar la toma de decisiones exclusivamente en manos de las fracciones legislativas. Costa Rica está en búsqueda de una identidad donde sus ciudadanos sean «toditicos igualiticos». Con el camino elegido, lo más acertado es promover la educación y la movilidad social.

En cuanto a las agendas de implementación relacionadas con el CAFTA, es vital que sean aprobadas mediante una negociación consensuada en el plenario. La defensa de intereses partidistas, un patrón común en las grandes agrupaciones políticas, no es lo que el país necesita en este momento.

Hay cuatro tratados invariables que deben ser aprobados, pero también existen nueve leyes que fortalecerán las instituciones públicas y los sectores de pequeña y mediana empresa, pilares de la economía nacional. Estos proyectos deben ser debatidos seriamente, ya que una legislación deficiente podría ser perjudicial. No se trata de oponerse por oponerse, sino de buscar el mejor acuerdo posible, incorporando las ideas de la oposición, especialmente en temas de inversión en ciencia y tecnología y fortalecimiento de la educación pública.

Al revisar las propuestas del PAC, se observa que estas se alinean estrechamente con las del ejecutivo, lo que podría indicar un consenso en la Asamblea, un hecho inédito en esta administración. Sin embargo, la política nacional abarca más que solo comercio. Hay proyectos para aumentar el presupuesto destinado a combatir la inseguridad y mejorar la infraestructura vial en las zonas rurales, que son de vital importancia.

Costa Rica ha dado vuelta a una página y se enfrenta a una nueva en blanco. Depende de nosotros trabajar unidos por una mejor Costa Rica, una nación inclusiva y generosa.